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La Contraloría General de la República ha tomado decisiones contundentes respecto a las licencias médicas y a las paralizaciones de funcionarios públicos, como los docentes que se van a paro. La Contraloría ha determinado que es ilegal y constitucional descontar el sueldo por los días no trabajados durante estas movilizaciones. El senador Esteban Velázquez advierte a los profesores sobre seguir las indicaciones de dirigentes que no les informan sobre las consecuencias económicas de estas acciones. La Contraloría ha dejado claro que no se eximen de descuentos por recuperación de clases o acuerdos internos.
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Hoy se revelaron extractos de las minutas de coaching que recibió Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, financiadas con fondos públicos y ahora bajo investigación fiscal. En las minutas se detallan preocupaciones y objetivos de la campaña electoral, generando dudas sobre el uso adecuado de recursos. Orrego anunció que presentará un recurso ante Contraloría, pero la complejidad del caso lo llevará a los tribunales.
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La encuesta Data Influye de mayo 2025 revela que el 56% de los chilenos considera justificado el alto temor en el país, ubicándolo en la cúspide mundial. El estudio muestra que el miedo es más frecuente en mayores de 55 años, con un 39% manifestándolo con regularidad, mientras que en jóvenes de 18 a 34 años la percepción es distinta. A pesar de que los índices de violencia en Chile son bajos comparados con países centroamericanos, la sensación de inseguridad persiste. Se debate si los medios exacerban esta percepción o si es necesario informar sobre la realidad.
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La Superintendencia de Servicios Sociales emitió un dictamen que permite a trabajadores estatales con licencia pre y postnatal salir del país, en medio del escándalo por miles de personas con vínculos laborales estatales que viajaron con licencias médicas. Se cuestiona si habrá castigos reales y si se está encubriendo la corrupción en el sistema político. La situación recuerda el Caso Soquimich donde la magnitud de los montos y la transversalidad de los involucrados hizo que no se percibiera un castigo equivalente al nivel del escándalo.
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En la Cuenta Pública de ayer, se destacó la transformación del penal de Punta Peuco en uno común, no solo para violadores de DD.HH. También se abordó el tema del aborto y se resumió la gestión realizada. Se mencionó la seguridad, resaltando la subida de homicidios, pero centrando en robos. En economía, se omitió el estancamiento y se enfocó en el crecimiento. A pesar de la distorsión tras el 18-O y el COVID, se destacaron números generales positivos, como la inflación.
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La violencia escolar en Chile ha ido en aumento, con casos alarmantes como menores armados disparando en un colegio en San Pedro de la Paz y un adolescente asesinado en Melipilla. Esta tendencia refleja un deterioro en la convivencia escolar, con agresiones a profesores y un clima de violencia fomentado no solo por alumnos, sino también por apoderados. Se destaca la falta de respeto y valores en la sociedad chilena, donde la violencia se valida para resolver conflictos, llevando a situaciones extremas como peleas con armas blancas entre escolares. El problema va más allá de simples riñas, llegando a tener víctimas fatales.
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La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, está preparando una ola de informes que impactarán al aparato público. Desde enero, se han publicado cerca de 10 informes, como el de los 25.000 funcionarios públicos que salieron del país con licencias. Se esperan al menos 10 informes más, abarcando temas como dobles empleos, deudas universitarias, hospitales sin médicos y uso de propiedades fiscales. La Contraloría busca fiscalizar de manera más directa y real, utilizando el sistema de Consolidados de Información Circular.
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La renuncia de funcionarios para evitar sumarios y mantenerse en puestos públicos ha generado polémica, especialmente cuando se vinculan a salidas al extranjero con licencias médicas. La Contraloría ha establecido que estas acciones constituyen faltas a la probidad, incluso si la licencia fue aprobada por Isapre o Fonasa. Esto ha llevado a la urgencia de modernizar el Estado y enfrentar una cultura de deshonestidad que involucra a médicos, familiares y colegas.
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El Ministro de Hacienda se refiere a licencias médicas fraudulentas en el Gobierno Central, donde de 25.000 empleados, unos 8.000 están bajo sospecha y 6.600 enfrentan sumarios, con solo 272 ya sumariados. La Contraloría alerta sobre 6.500 casos problemáticos. Se destaca la incapacidad para detectar irregularidades y la posible renuncia de implicados para evitar sanciones. Se debate la necesidad de reformar el Estado, pero la resistencia política persiste.
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Un tornado en Puerto Varas pone de manifiesto la importancia de abordar el cambio climático y su impacto en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos. Documentos científicos alertaban hace 15 años sobre estos efectos, que hoy se hacen más presentes con intensas lluvias, olas de calor y grandes incendios. Surge el debate sobre la adquisición de radares especializados para prevenir tornados, postergado en 2019 por circunstancias como el estallido social y la pandemia.
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Esta semana, se revelaron preocupantes casos de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, con 25.000 personas saliendo del país estando con licencia, incluyendo 13 trabajadores de TVN. La Contraloría está trabajando en un informe especial para DIPRECA y las Fuerzas Armadas, revelando una posible concentración de malas prácticas. Además, se cuestiona la presencia de amigos cercanos en cargos públicos, como el caso de Raúl Domínguez, amigo de infancia del presidente Boric, renunciando a la subsecretaría de telecomunicaciones tras controversia sobre su nombramiento y sueldo de 7 millones de pesos.
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La Contraloría reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país de vacaciones estando con licencia, promediando 17 días de ausencia, generando un escándalo por el costo económico y ético. Esta práctica, conocida en el sistema público, expone la debilidad en el control de licencias y ausentismo laboral. Se cuestiona si las ausencias están justificadas y el impacto en el Estado y contribuyentes. Datos de la Dipres muestran altos índices de ausentismo en gobiernos anteriores, con promedios de 19 a 34 días.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal el pinchazo al teléfono de Josefina Huneeus, incluyendo una llamada con el presidente Gabriel Boric, lo que llevó a la eliminación de información valiosa obtenida de la psiquiatra en el marco de la investigación del caso Procultura. El fiscal Patricio Cooper sufrió un revés al interceptar ilegalmente el teléfono de Huneeus, sin contenido criminal relevante en las conversaciones escuchadas.
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Profesores enfrentan amenazas y riesgos inimaginables hace años. Denuncias anónimas, como la amenaza con un cuchillo a un docente, generan preocupación. La violencia creciente en la sociedad se refleja en las aulas. Problemas de infraestructura y desmunicipalización afectan la calidad educativa. Se destaca la importancia de la formación y el acceso al conocimiento a través de la tecnología.
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José Alberto Mujica Cordano, ex presidente de Uruguay y líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, falleció. Mujica, quien vivió 11 años en condiciones inhumanas durante la dictadura, se destacó por su vocación política y compromiso por transformar la realidad. A pesar de su pasado guerrillero, buscó el diálogo y promovió el respeto mutuo en la política. Su humildad, rechazo a la corrupción y enfoque humanista lo hacen un personaje único y destacado.
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Hans Rosenkranz, director de Comunidad de Organizaciones Solidarias, señaló que en Chile existen al menos 40 mil fundaciones, resaltando la necesidad de fiscalizar aquellas que reciben aportes del Estado para ayudar a los más vulnerables. Se destaca la preocupación por la falta de coordinación entre ministerios en la entrega de fondos, así como la disminución de estándares para otorgar financiamiento público a fundaciones sin experiencia comprobada, como Democracia Viva. Se plantea la preocupación sobre posibles usos indebidos de estos recursos, generando debate sobre la transparencia y responsabilidad en la gestión de fondos públicos.
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El ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió en Radio Bío Bío Concepción que las cifras proporcionadas por el subsecretario de Pesca al Congreso eran incorrectas, generando polémica. Grau pide repetir la votación de la ley de fraccionamiento y la salida del subsecretario Julio Sara. La industria pesquera argumenta que pescó la totalidad de su cuota, desacreditando la decisión de recortarla. Se critica la falta de rectificación de Salas y se cuestiona la sostenibilidad de su cargo. La situación evidencia errores reiterados en datos presentados por el gobierno, afectando su credibilidad.
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La investigación en curso sobre ProCultura se divide en varias aristas lideradas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, como parte del caso Sierra Bella. La mayoría de las investigaciones involucran a políticos del oficialismo, incluyendo antiguos miembros de la Concertación y del Frente Amplio. Se cuestiona el manejo de enormes sumas de dinero destinadas a fines sociales que habrían sido desviadas hacia la fundación, que finalmente quebró dejando a empleados sin pago. Aunque algunas opiniones defienden su labor, se sospecha de un posible uso indebido de recursos en colaboración con autoridades.
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Dos importantes empresas chinas desisten de proyectos de inversión en litio en Chile, lo que representa un revés para la estrategia nacional de industrialización del mineral. Estos proyectos implicaban una inversión de 233 millones de dólares y la agregación de valor al litio nacional. El anuncio se produce antes del viaje del presidente Gabriel Boric a China, generando preocupación sobre la competitividad del país en este sector.
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