Episodios
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¿Las elecciones Primarias son un mecanismo necesario para la democracia interna de las organizaciones políticas?, la analista Jimena Costa dice de forma taxativa, “no”; mientras que algunos políticos plantean modificaciones a la Ley 1096 respecto a elecciones abiertas y competitivas, la facción evista rechaza estos posibles cambios.
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Analizamos el tema con el coordinador de la Ruta del Censo, Mario Galindo, y los analistas María Teresa Zegada, Gabriela Canedo y Pablo Deheza.
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¿Faltan episodios?
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El Tribunal Constitucional ha ido en contra de la carta magna, pues su cuestionada labor de control de la constitucionalidad y convencionalidad ha ido en contra de la independencia de los poderes del Estado, como, por ejemplo, al cercenar la labor fiscalizadora que tiene el Legislativo a través de las interpelaciones a ministros.
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El Órgano Electoral asume un papel protagónico en el sistema democrático, ya que se convierte en el “árbitro” y veedor principal de los procesos electorales: elecciones o referéndums. La calidad de su trabajo afecta significativamente a su credibilidad e independencia, virtudes que han quedado comprometidas ante las pugnas entre “evistas” y “arcistas”.
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Una de las tantas consecuencias que deja la pelea interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre Evo Morales y Luis Arce es el dilema que se ha generado en el aparato estatal, pues autoridades y funcionarios públicos se ven ante la disyuntiva de obedecer al jefe del partido o al primer mandatario.
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Pese a los aparentes esfuerzos, la posibilidad de la reforma judicial está cada vez más lejana, ya que existe poca o ninguna voluntad política para que esto sea posible. Pero ¿Cuáles son las razones para la crisis de la justicia?
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¿Sabía que las elecciones judiciales de 2011 y de 2017 le costaron al país 225 millones de bolivianos? En esos años, la etapa de preselección de candidatos estaba a cargo de la Asamblea Legislativa y fue blanco de varios cuestionamientos debido a las denuncias de irregularidades.
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El exministro de Gobierno Carlos Romero advirtió que Bolivia está amenazada por un proceso de “colombianización” y de convertirse en un “narcoestado”, prueba de ello es que hay zonas donde la presencia estatal es casi imposible o ha sido vetada como es el caso en Las Petas, Tuna y Florida.
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El derecho a la protesta es una formalidad, pero no una realidad porque el Gobierno alienta la confrontación y la violencia durante las manifestaciones, causando un grave daño en el tejido social, sostienen activistas y una analista política.
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