Episodios
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Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.
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Una investigación del periodista Héctor Silva revela audios de conversaciones que el exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, sostuvo con Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa. Muyshondt, fallecido en febrero de 2024 bajo custodia estatal, y Castro, entonces secretario privado de la Presidencia, hablan sobre la necesidad de espiar y atacar digitalmente a medios y periodistas antes de que estos publiquen reportajes. Los audios muestran también un reconocimiento de los casos de corrupción del viceministro de Seguridad, Osiris Luna.
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¿Faltan episodios?
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El presidente Nayib Bukele envió una delegación para participar en conversaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio con China. Los líderes de la delegación del gabinete económico son los fundadores de la empresa de criptomonedas Chivo S.A de C.V.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, la política punitivista que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en dos años y que le garantizó al presidente Bukele su reelección. El informe confirma que el Estado debe investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El informe debió publicarse en mayo, pero el Gobierno hizo un esfuerzo por contrarrestar los hallazgos.
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El 14 de agosto circuló un video en internet: un ciudadano denunciaba que la Policía quería entrar a su casa y arrestar a su madre sin tener ninguna orden de captura ni de allanamiento. La Policía capturó al joven acusándolo de revelar información “confidencial”, por haber mencionado el nombre y el número de ONI de un sargento. Ahora mismo se enfrenta al juicio por un supuesto delito que puede costarle hasta cinco años de cárcel.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión presentó en junio de este año un informe privado titulado “Un Nuevo El Salvador”. El informe describe un país seguro en el que hay pleno respeto de los derechos humanos. Andrés Guzmán actúa como vocero del gobierno de Nayib Bukele ante los señalamientos internacionales por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Para Guzmán, la información que contiene el informe no es reservada, sino “de circulación controlada” y los menores de edad no están presos como castigo, sino “en centros de reinserción”. El titular de esta entrevista es similar a una frase que Guzmán dijo hace un año a El Faro: “No he hablado con nadie que haya salido de las cárceles del régimen de excepción”. Pero en ese momento, Andrés Guzmán tenía dos meses de haber tomado su cargo y habían más de 71 mil personas capturadas en el primer año del régimen de excepción. Ahora tiene 15 meses, hay más de 80 mil personas capturadas y las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas acumulan más de 6000 denuncias por violaciones a derechos humanos y 265 personas muertas bajo custodia del Estado. Aún así, Guzmán niega que en las cárceles se torturen personas o que exista “una sola muerte violenta”.
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El 4 de diciembre de 2023, la Policía capturó a un comerciante por agrupaciones ilícitas. La familia presentó pruebas de que no era pandillero. Al contrario, durante décadas fue víctima: recibió amenazas de muerte por no pagar la renta, atestiguó el asesinato de uno de sus empleados y dos de sus hermanas recibieron asilo político en Estados Unidos por las amenazas de las pandillas. Un juez ordenó su libertad condicional diez días después de su arresto, pero las autoridades lo recapturaron por el mismo delito.
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El señor Orellanaes un comerciante de la zona norte de San Salvador que durante casi dos décadas fue víctima de las pandillas. En el año 2005, una empresa distribuidora de alimentos lo despidió y, para enfrentar su desempleo, montó un pequeño negocio de reciclaje. Con el nacimiento de su empresa comenzaron los problemas con las pandillas: el Señor Orellana vivía en una colonia controlada por el Barrio 18 y su negocio operaba en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13. Ambas pandillas exigían el pago de la renta al comerciante. Fue su esposa quien contó a El Faro la historia. Es ella quien da este testimonio. Él está preso.
El señor Orellana se negó a pagar la renta y creyó que el problema se solucionaba contratando el servicio de vigilancia privada. En julio de 2012, la pandilla respondió con el asesinato de Carlos Rodríguez, de 70 años, el anciano que vigilaba el negocio. Tras este homicidio, y ante nuevas exigencias para el pago de la renta, dos familiares del señor Orellana emigraron hacia Estados Unidos y solicitaron asilo político. En febrero de 2017, esos familiares recibieron asilo político en Estados Unidos, por ser víctimas de las pandillas, según documentos en poder de El Faro.
El Señor Orellana no abandonó el país. Él denunció el caso de extorsión en la Fiscalía, siguió trabajando y, según su esposa, negándose siempre a pagar la renta que le exigía tanto el Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha-13. Pese a los documentos fiscales que confirman que durante años fue una víctima de las pandillas, el 4 de diciembre de 2023, a 19 meses de iniciado el régimen de excepción, la Policía lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas.
La familia presentó un legado de documentos para demostrar que la empresa del señor Orellana factura más de un millón de dólares al año, que tiene una estabilidad económica; la familia documentó las responsabilidades del señor Orellana con sus tres hijas y también las amenazas y ataques que recibieron por parte de las pandillas. Un juez contra el crimen organizado de San Salvador ordenó su libertad inmediata en la primera audiencia, realizada diez días después de su detención, pero Centros Penales no cumplió con la orden.
Un mes después, en enero de 2024, el señor Orellana fue recapturado por agrupaciones ilícitas en el penal de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía lo acusó de un “nuevo” delito ante otro juez contra el crimen organizado de San Salvador. Sin embargo, la familia logró, por medio de unos abogados, acumular el proceso al juzgado que le concedió la orden de libertad en diciembre del año pasado. La familia denuncia que el comerciante es víctima de una “doble persecución” (ser acusado dos veces del mismo delito, por los mismos hechos), algo que prohíbe la Constitución salvadoreña. El juez aún no resuelve el caso y el señor Orellana continúa detenido. La esposa del señor Orellana narra a continuación su calvario y el que antes padecieron a manos de los pandilleros.
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Cuando el país cumplía el segundo mes bajo cuarentena estricta por el Covid-19, en 2020, el Gobierno de El Salvador autorizó una compra millonaria de leche importada de México y comprada a una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas. El intermediario cobró un total de $27 millones, pero parte del producto no arribó y otra parte fue comprada a sobreprecio, lo que equivale a un faltante de leche de $7 millones.
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El Faro ha documentado que juzgados contra el crimen organizado ordenaron liberar a 11 personas por padecer enfermedades crónicas o por falta de pruebas en los casos por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Centros Penales incumplió esas órdenes sin ninguna justificación. Tres de estas personas con orden de libertad fallecieron bajo custodia del Estado; otros han sido recapturados sin pruebas por el mismo delito. Entre el silencio estatal y las denuncias de las organizaciones de sociedad civil, estos 11 casos parecen ser solo un ejemplo de algo que se repite.
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Luis Armando Rodríguez, un hombre de 52 años que vivía en el cantón Mejicapa de Santa María, en Usulután, falleció en el hospital Rosales el 21 de junio de 2023. A su madre le devolvieron el cuerpo envuelto en plástico, “embolsadito”, como dice ella. Cuando le retiraron la envoltura para prepararlo para el funeral, descubrieron “heridas en el lomo”. Rodríguez estaba detenido en el penal de Quezaltepeque y desde un mes antes de su muerte tenía una carta de libertad que ordenaba su salida de prisión. Durante más de un mes, la Dirección General de Centros Penales incumplió con esa orden.
“Él trabajaba así por veces con los albañiles porque él solo enfermo pasaba porque él era bolito”, dice su madre María Rodríguez para explicar que no era criminal, sino que tenía un problema de alcoholismo. Cuenta que su hijo fue capturado el 21 de abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción. Rodríguez, quien padecía de insuficiencia renal desde dos años antes de su captura y que tomaba medicamentos a diario, fue trasladado al penal de Mariona primero, y al de Quezaltepeque, después.
El 16 de mayo de 2023, un Juzgado Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo benefició con libertad condicional, pero no fue liberado, pese a las múltiples peticiones de la familia. “Él tenía su carta de libertad por no haberle encontrado nada de delito”, insiste su madre. El 19 de junio de 2023, Rodríguez fue trasladado de emergencia desde el penal de Quezaltepeque al hospital Rosales, donde falleció dos días después. Como en tantos otros casos, Medicina Legal consignó escuetamente en un documento oficial que fue víctima de un “edema pulmonar”.
María Rodríguez pasa de los 70 años, a diario hace labores del hogar y sobrevive por la ayuda de una de sus hijas. Es una anciana humilde y de pocas palabras. En las sucintas respuestas que dio durante una breve entrevista el 18 de julio de 2024 dijo que para ella el régimen de excepción tiene dos caras. Por un lado, señala que el encarcelamiento y muerte de su hijo fueron injusticias porque era inocente; pero también habla de que gracias al régimen de excepción ahora vive con una tranquilidad inédita en la colonia Vilma, del cantón Mejicapa, un lugar de calles de tierra y matorrales que antes era controlado por la Mara Salvatrucha-13.
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El 17 de julio de 2024 llegó a la fiscalía general de la república una denuncia que no tiene precedentes públicos: un ciudadano, Fidel Antonio Zavala Pérez, demandó al director general de centros Penales y viceministro de seguridad pública, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles ubicadas en Cutumay Camones en Santa Ana y Mariona por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho (o sea, corrupción) y tortura. Fidel fue declarado inocente luego de 13 meses en prisión en los que asegura haber atestiguado varios asesinatos a manos de custodios penitenciarios y dice estar dispuesto a carearse con ellos en los tribunales.
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El icónico enclave cripto de Nayib Bukele sigue siendo una promesa lejana, aunque inversionistas extranjeros están comprando terrenos a lo largo de la costa salvadoreña. Entre mensajes contradictorios, algo es claro: ninguna champa de aluminio o agricultor de subsistencia será un obstáculo para el progreso.
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El plan consiste en seis fases, de las que ahora solo ha revelado dos: la de 'alimentación' y la “tecnológica”. El anuncio llega después de que Bukele amenazara a los importadores y distribuidores de alimentos con prisión si los precios de los alimentos no disminuían.
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Aquel soldado también abrevó de su propia matonería una buena cantidad de lecciones: la más obvia, es que se puede obligar a un adolescente campesino a arrodillarse, que se puede cortarle el pelo con un yatagán y que, haciéndolo, no pasa nada. Aprendió de la forma más efectiva el significado de la palabra impunidad.
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Como candidato a alcalde, Nayib Bukele prometió un San Salvador inclusivo y dijo que no quería estar “del lado de los discriminadores”. Pero desde 2019, su gobierno ha eliminado entidades gubernamentales y políticas que buscaban garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Ahora, su gobierno avanza una ofensiva conservadora que cierra espacios a la diversidad en los ministerios de Salud, Educación y Cultura. Detrás del discurso, hay personas preocupadas por tener acceso a clínicas o escuelas. 'Ahora me dan menos ganas de ir (a pasar consulta) Y aunque me estuviera muriendo no iría', dice Artemisa, una joven de 23 años en San Miguel. Este video repasa el deterioro en la garantía de derechos para las personas LGBTIQ+ desde que Bukele llegó a la Presidencia.
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Alba tiene 28 años de edad, es madre de un niño y en noviembre del 2022 vivía en casa de sus padres a quienes, junto a un hermano, ayudaba con los gastos del hogar. Había aplicado a un programa de visas del Ministerio de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos y había sido seleccionada para ir a trabajar a principios del 2023. Luego vivió lo que ella describe como “un secuestro”.
El 11 de noviembre del 2022, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa y la capturaron frente a su madre y su hijo. No hubo argumentos, no hubo evidencia, no hubo nada más que una orden: “te mandan a llamar. Te vas a ir con nosotros”. La casa de la familia de Alba estaba en una zona que había permanecido bajo el dominio de la Mara Salvatrucha-13. Alba dice que ellos son víctimas de las maras y no colaboradores. Asegura que la clica que controlaba la zona asesinó a uno de sus hermanos. Sin embargo, ese viernes 11, los policías la acusaron de ser pareja de un marero.
Desde entonces, Alba estuvo seis meses presa. Con el paso del tiempo, el juzgado le dio libertad condicional y ella aún enfrenta un proceso basado en pruebas en su contra que aún desconoce. Todos los juicios de las más de 80,000 personas capturadas por el régimen desde marzo de 2022 son secretos, según decreto judicial. Es imposible acceder a información sobre ellos, al menos de forma oficial. Alba, como decenas de miles de salvadoreños, es procesada lejos del escrutinio público.
En las cárceles del régimen no hay comunicación alguna con ningún familiar que esté en libertad: no hay visitas ni correspondencia. Por eso fue hasta salir de prisión que Alba se enteró de que su padre y su hermano habían sido capturados por el régimen de excepción. Que su madre y su hijo vivían en desplazamiento forzado debido al acoso de la Policía. Y que a cada trabajo al que quiere aplicar le piden sus antecedentes penales. Ella sigue desempleada.
Un informe presentado recientemente por la organización Cristosal plantea la ausencia de una mínima perspectiva de género en la gestión penitenciaria del régimen, lo que deriva en condiciones adversas para las mujeres. Alba vivió esas condiciones desde el día de su captura. Fue obligada a desnudarse frente a diez hombres policías, para ver si tenía tatuajes. El día que fue enviada al penal de Apanteos pasó revisión física ante otro hombre. Padeció una hemorragia en la que, por falta de toallas sanitarias, tuvo que usar su propia camisa. Tuvo que comer acostada. Estuvo al lado de mujeres embarazadas. Dice que a una de ellas “le sacaron al bebé”.
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Una empresa que el año pasado reportó activos por $143.4 millones ha logrado, por medio de la Fiscalía, repetir el juicio contra un campesino acusado de protestar violentamente por la perforación ilegal de unos pozos. Gracias a este proceso judicial que lleva más de tres años, la constructora desbarató una organización comunal que se oponía al proyecto inmobiliario y reclamaba el derecho al agua.
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Pero Bukele no es un hombre de derecha. Tampoco fue nunca de izquierda. Es un político sin ideología, con una brújula que mueven los vaivenes de los vientos. Cuando era conveniente ser de izquierda lo fue. Cuando lo rentable era romper el sistema como outsider se convirtió en outsider. Cuando el discurso se movió a la extrema derecha, Bukele también se movió. Un hombre así no tiene ideas, ni principios, ni utopías. No es otra cosa que un oportunista.
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Las rodillas del señor G aún tienen manchas negras por las horas que policías y custodios lo mantuvieron hincado sobre el asfalto caliente del penal de Izalco. Las manchas, unos terribles dolores en las rodillas y otras enfermedades como la pancreatitis son las herencias que dejó el régimen de excepción en el cuerpo del señor G, un hombre capturado por colaborar con una pandilla, según la versión oficial. Sin embargo, de esa acusación policial no hay pruebas en el expediente judicial, razón por la que un juez le dio libertad condicional el 18 de marzo de 2023, después de un año de estar injustamente detenido.El señor G fue capturado durante la primera semana del régimen de excepción, en abril de 2022. Lo llevaron a unas bartolinas en Santa Ana donde el señor G fue testigo cuando policías ponían bolsas negras en la cabeza a los detenidos o los sumergían en una pila para dejarlos al límite de la asfixia. La Policía torturaba para obtener información sobre las pandillas, relata el señor G. El Faro pudo constatar con documentos que el señor G fue encarcelado en las fechas que él asegura y omite su nombre porque teme sufrir represalias de las autoridades por haber dado su testimonio.Al salir de la bartolina policial, el señor G fue trasladado al penal de Izalco, luego a Quezaltepeque y, por último, a El Penalón de Santa Ana. En Izalco sufrió golpizas y vio la muerte de un compañero de celda; en Quezaltepeque sufrió fumigaciones en su celda; y y en El Penalón se enteró de que le robaban la medicina y los alimentos que su familia le llevaba. El señor G enfrentará una audiencia hasta agosto de 2025, mientras tanto tiene que presentarse al juzgado a firmar para mantener el beneficio de la libertad condicional. Aunque dice que trata de olvidar todo lo que sufrió en las cárceles del régimen, el señor G accedió a contarnos su historia.
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