Эпизоды
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Entre 2018 y 2020, miles de cristianos y católicos en zonas rurales de Inglaterra vieron con impotencia cómo, una a una, las iglesias de sus comunidades eran robadas. En las noches, la feligresía asistía a misa y a la mañana siguiente descubría que los techos de sus templos habían sido robados.
La racha de robos empezó en Somerset, al suroeste de Inglaterra y luego se extendió por decenas de condados, como Lincolnshire. Un grupo de hombres llegaba a alguna región alejada de las ciudades inglesas y aprovechando la poca presencia policiaca trepaba a los techos de madrugada; aprovechando la oscuridad, quitaban las cubiertas y se las llevaban en vehículos de carga pesada.
No eran robos menores. Cuando saquearon el techo de la iglesia de San Bartolomé en Covenham, las autoridades tasaron el botín en unos 6.3 millones de pesos. La razón de esa valuación tan alta estaba en el acero, que era lo que atraía a los criminales.
Tras 36 robos, 36 iglesias sin techo, las autoridades por fin atraparon a los ladrones. Para su sorpresa, no era una simple banda, sino una célula dedicada al tráfico de metales robados, uno de los mercados negros más lucrativos en el mundo. La célula estaba integrada por cuatro jefes de la mafia rumana que operaba a unos kilómetros de Londres. Sólo con las iglesias habían logrado ganancias superiores a los 55 millones de pesos.
El descubrimiento hizo que se iniciara una investigación parlamentaria sobre este delito, que ocurre cuando un objeto es robado con el propósito de acceder a los metales que lo componen. Es un delito por partida triple: contra el patrimonio del mundo, contra la infraestructura nacional y contra la propiedad privada. Y la magnitud es variable: desde la sustracción de una tapa de drenaje hasta el robo de un techo de iglesia hecho de acero.
La investigación de los congresistas europeos arrojó datos alarmantes en 2022: por un lado, se trata de un delito que en Inglaterra equivale, cada año, a 12 mil 182 millones de pesos mexicanos; por otro, en ese país de “primer mundo”, hay 60 grupos del crimen organizado que se disputan los metales robados a balazos: la mafia rumana, albanesa, italiana… sin descartar a los omnipresentes cárteles mexicanos.
Estas organizaciones criminales apuestan al alto precio en el mercado legal de metales como el acero, cuyo precio se disparó después de la pandemia. Los criminales aprovechan que es un bien costoso y necesario para muchos empresarios y gobiernos, así que ofrecen sus productos robados hasta con un 66% de descuento.
En Inglaterra, por ejemplo, la mafia rumana entrega lo robado a un reciclador ilegal de metal, que es manejado por otro grupo criminal, que lo mezcla con otros metales y así abarata el producto final.
En México, el crimen organizado tiene un mecanismo más complejo: según una investigación federal a la que tuve acceso, en estados como Guanajuato y Puebla, los cárteles tienen sus propias plantas procesadoras de metales, como el acero o cobre, para asegurarse que el origen del material robado sea irrastreable. Así controlan toda la cadena de comercio de metales ilegales, desde su hurto hasta su venta, y maximizan las ganancias.
En los últimos años, el acero se ha convertido el objeto del deseo de los cárteles, especialmente los que operan en el centro del país, como el Jalisco Nueva Generación o Santa Rosa de Lima, quienes buscan ser proveedores de material para las nuevas empresas y plantas que han llegado a México impulsadas por el fenómeno del nearshoring.
Pero a diferencia de la mafia rumana que roba techos de iglesias, los sicarios mexicanos consiguen el acero en las carreteras. Los cárteles arman sofisticadas emboscadas contra transportistas para quitarles, a punta de pistola, principalmente varillas, alambres y láminas de acero. Sólo durante 2023, la Cámara Nacional del Acero reportó el robo de 9 mil 124 toneladas de ese material.
El amago del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio es maravilloso para el crimen organizado global. El republicano encarecería, de un plumazo, uno de los bienes de mayor demanda internacional y que el crimen organizado sabe robar rápido y revender barato.
Los cárteles están de fiesta: Donald Trump, de nuevo, ha demostrado ser su mejor aliado.
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Los que conocieron a Estanislao García dijeron a las autoridades que su familiar y amigo presentía, desde una semana atrás, que lo querían a matar. No era una intuición, sino una certeza. Hasta su despacho como presidente seccional de Puerto Palomas, un pequeño pueblo al norte de Chihuahua, le había llegado un mensaje escrito a mano en el que le exigían dejar el cargo en tres días o conocer la furia del cártel local.
Estanislao García no hizo caso. Muchos le pedían que huyera, pero él les repetía que no iría a ningún lado. Los testigos en la procuraduría estatal dicen que se quedó en el pueblo a sabiendas de que trabajar sin escoltas era una suicida. Eran los últimos días de septiembre de 2009 y hasta su jefe de la policía, Emilio Pérez, había escapado hacia Estados Unidos.
Tras muchas súplicas, cuentan que el alcalde fechó su salida de Puerto Palomas para el 10 de octubre, pero tres noches antes, el miércoles 7, un comando le cerró el paso. Su ausencia se transformó en una ficha de búsqueda y luego en un hallazgo terrible: ahí estaba Estanislao García, en la cajuela de un Datsun. Su cuerpo estaba perforado por balas 9 milímetros y apenas reconocible por las llamas que lo carbonizaron. El Cártel de Juárez lo había eliminado para controlar Puerto Palomas.
¿Qué de especial tiene ese pueblo abandonado? Para algunos, sus calles empolvadas son relevantes para la historia nacional: el 9 de marzo de 1916, desde Puerto Palomas, Francisco Villa invadió Estados Unidos. Saqueó e incendió la vecina Columbus, en Nuevo México, en venganza por el reconocimiento que dio el gobierno de Estados Unidos al de Venustiano Carranza. Así, “El Centauro del Norte” entró a los libros de historia.
Ya en el siglo XXI, Puerto Palomas aún atrae a empistolados, pero por otras razones. Estas se pueden entender con lo que sucedió dos meses después del asesinato del político mexicano.
En enero de 2010, sin la tenacidad de Estanislao García, el alcalde del vecino Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza —junto con su jefe de la policía y otros 9 uniformados estadounidenses— iniciaron la compra de más de 200 armas de fuego para el Cártel de Juárez, que sostenía una violenta guerra contra el Cártel de Sinaloa.
Simulando que el armamento iría a proteger la frontera, el “mayor” Eddie Espinoza y sus cómplices compraron rifles AK-47, pistolas 9 mm, munición calibre 7.62 y cargadores para entregarlos en Puerto Palomas sin que nadie los molestara. También saquearon las finanzas de la ciudad para entregarles bolsas repletas de dinero a los representantes de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Todo a cambio de jugosas comisiones.
Esos 11 funcionarios estadounidenses no lo sabían, pero las armas que traficaban formaban parte del Operativo Rápido y Furioso, una fracasada misión acordada entre los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama para dejar que las armas corrieran de Estados Unidos a México y les diera seguimiento para usarlas como evidencia contra los cárteles. A miles de esas armas se les perdió el rastro y la “gran” idea terminó haciendo más letal al crimen organizado mexicano, pero las armas de Columbus sí pudieron ubicarse en Chihuahua y los burócratas de Nuevo México fueron enjuiciados y llevados a prisión.
Desde entonces, el cáncer de la infiltración del crimen ha hermanado a ambas comunidades en los dos lados de la frontera. Ha pasado más de una década desde esta historia y Puerto Palomas, Chihuahua, hoy es un pueblo fantasma donde nadie quiere vivir por el control que tiene el crimen organizado. Y en Columbus, Nuevo México, el que puede se muda porque los servicios urbanos son muy deficientes debido a que el gobierno federal y estatal no confía en los funcionarios locales, quienes pueden volver a desviar el presupuesto hacia los cárteles.
La ausencia de autoridades ha convertido a esa región en un sendero violento para traficar migrantes indocumentados al norte y recibir armas de alto poder al sur. Una región indómita como en tiempos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto.
Este 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó la movilización de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 poblaciones fronterizas como parte del Operativo Frontera Norte, un acuerdo con el mandatario Donald Trump para pausar una eventual guerra comercial. Entre ellas están ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez, pero inesperadamente se Puerto Palomas se coló en esa lista.
Por el bien de quienes ahí resisten: éxito a los que van combatir el crimen organizado. Sepan que tienen la oportunidad da honrar la memoria de Estanislao García y su terca honestidad.
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Пропущенные эпизоды?
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Un fuerte olor a hierba delató a aquella plantación de marihuana. Al principio, los policías de la comunidad de Merced, California, en el Valle de San Joaquín, pensaron que ese hedor provenía de algún grupo de amigos o familia que ejercía con pasión su derecho al consumo recreativo de cannabis. Luego, por la permanencia del olor que sólo rodeaba a un inmueble, intuyeron que se trataba de algo más: una instalación ilegal.
Los policías pidieron a la tesorería de la ciudad de Merced los registros de fábricas, cultivos, dispensadores y comercializadores legales de marihuana. Ninguno correspondía a la direccion de donde provenía ese olor penetrante. Aquello confirmó que estaban frente a un negocio cannabico ilegal apenas a unos 650 kilómetros de Tijuana, Baja California, que en los últimos años se ha vuelto un bastión codiciado por Los Chapitos.
Así que las autoridades se prepararon para actuar. Juntaron testigos, evidencias, fotografías y acudieron a un juez, que les firmó una orden de cateo. El pasado 26 de julio, la policía de California ejecutó ese mandato judicial: rodearon el inmueble y decenas irrumpieron en el edificio. Un golpe de olor dulzón a marihuana los recibió al patear la puerta.
Los que entraron primero vieron un espejo de cuerpo completo en la planta baja. También, un ventilador para atenuar el olor. En el piso, desordenadas, varias cajas de cartón con marihuana empaquetada en dosis personales. Y sillas plegables para quienes tenían la tarea de recibir el cannabis, pesarlo, dividirlo, embolsarlo y encajarlo. Una típica casa de distribución de droga. Lo que en México llamamos “un punto” o “un piquero”.
Adentro estaban 60 trabajadores, hombres y mujeres, quienes habían llegado al inmueble apenas unos días antes. Todos eran migrantes indocumentados que habían cruzado la frontera con la promesa de que en la Unión Americana les esperaba un trabajo honrado. En realidad, los polleros les tenían reservado un asiento en esa mitad plantación, mitad fábrica de marihuana en condiciones infrahumanas, cercanas a la esclavitud. Unos aceptaron porque debían a los polleros, es decir, al cártel que los había llevado. Otros bajaron la cabeza por miedo a ser asesinados, si renegaban de ese trabajo sucio.
“Esto es descorazonador. Vamos a ayudar a estas personas”, dijo el sherif Vern Warnke. Y cumplió su promesa con una generosidad que yo no sé si veremos otra vez en la segunda administración Trump: ninguno de los 60 trabajadores migrantes indocumentados fueron arrestados. Al fin y al cabo, eran víctimas, no delincuentes, como esos que escaparon cuando vieron el operativo y siguen prófugos de la justicia.
Le cuento esta historia a un hombre que me ha pedido que lo llame Raymond. Él es administrador de un plantío ilegal de marihuana en California. A pesar de la legalización, prefiere operar sin licencias para no pagar altos impuestos y vender a bajo costo. Por ende, su negocio es pujante. Y Raymond me cuenta algo que yo no había imaginado: también los narcotraficantes, como él, necesitan migrantes indocumentados para sus negocios sucios.
Raymond me confiesa que está preocupado. La política de deportaciones masivas de Donald Trump también amenaza su forma de vida: sin migrantes indocumentados que trabajen para él —aunque ofrezca condiciones que él llama dignas, similares a un campo de jitomates o fresas— su negocio corre peligro. Otros como él comparten esa angustia: ¿qué fuerza laboral nos quedará, si millones sin papeles regresarán a la fuerza a sus países?
El plan de deportaciones masivas de Trump podría provocar una caída del PIB anual entre el 4 y el 7%, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3%. El impacto sería especialmente severo en California, Texas y Florida, donde viven casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y 1 de cada 20 podría ser deportado.
Para Raymond eso tendría un efecto claro en el mercado de drogas. Si empresas como la suya no tienen mano de obra, el mercado irá a otras variantes de drogas que no necesitan tanto personal, ni cuidadores de invernaderos, ni cultivadores ni piscadores, es decir, las drogas sintéticas. Y la mejor de todas es el fentanilo.
Para marihuana ilegal, se necesitan 60 migrantes indocumentados. Para fentanilo, apenas unos cuantos cocineros. El plan de Donald Trump, dice, es un balazo en el pie: es la manera más sencilla de orillar a narcos gringos como Raymond a mudarse de los cultivos a lo sintético. Y entonces todo lo ganado contra el fentanilo se irá al carajo porque Donald Trump mandó al carajo también a nuestros paisanos.
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Millones de mexicanos no lo supieron, pero el pasado Día de Muertos, el 31 de octubre de 2024, “El Peje” fue detenido en Tabasco por elementos de la Secretaría de Marina. El inesperado arresto ocurrió como muchas otras detenciones fortuitas en México: gracias a un retén colocado estratégicamente en los caminos que usa el crimen organizado.
La historia que cuentan los marinos en los reportes oficiales es que cerca de las 10 de la noche de aquel jueves vieron dos camionetas circulando a exceso de velocidad por el municipio tabasqueño de Paraíso, que en realidad debería llamarse El Infierno por la cantidad de sangre que se derrama en su territorio.
Correr en esa carretera, El Bellote-Chiltepec, es bastante común. Los secuestros en la región obligan a los conductores a pisar el acelerador, especialmente de noche. Pero ese par de vehículos llamaron la atención entre todos los demás que van a toda marcha porque tenían placas de Tamaulipas. Estaban muy lejos de casa.
Cuando los elementos de seguridad les marcaron el alto, los conductores de las camionetas sospechosas aceleraron la marcha. De inmediato, los marinos iniciaron la persecución, a la que rápidamente se unió el Ejército y la Guardia Nacional. Bastaron unos minutos de cacería y tiroteos para frenar el paso de las dos camionetas. De la primera bajaron a empujones a Emilio N., guardaespaldas, quien viajaba con 200 cartuchos útiles. De la segunda sacaron a un inesperado personaje conocido en el estado: el jefe de Emilio, capo tabasqueño, “El Peje”.
El nombre real de ese criminal no es, para decepción de muchos y alivio de otros, Andrés Manuel. Se llama Norberto y tampoco se apellida López Obrador, sino Jiménez Martínez. Hasta acá, las coincidencias entre el criminal y el expresidente son meramente anecdóticas, pero una historia turbia conecta a ambos de manera indirecta.
“El Peje”, el criminal, empezó su carrera delictiva como miembro de Los Zetas bajo las órdenes de un tal Comandante Mateo. Sanguinario y atrevido, atentó en 2007 contra el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Lo mismo mandaba matar aliados y rivales que policías y subprocuradores locales.
En 2009 fue detenido y los tabasqueños creyeron que su imperio del mal había terminado, pero 15 años más tarde, este 2024, apareció reaprehendido en pleno Día de los Muertos, como quien vuelve del más allá y como integrante de otro grupo criminal: La Barredora, una escisión de zetas que al quedarse huérfanos de líderes se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación y fundaron su propio violento brazo armado.
La Barredora ha sido el peor de los males en los últimos años en Tabasco. Son la chispa que prendió la violencia. Asesinan, corrompen, extorsionan, secuestran migrantes. Y como toda expresión del crimen organizado: lo hacen con el permiso del gobierno, el estatal.
Sólo 14 días después del arresto del “Peje” criminal, el nuevo gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, hizo una brutal confesión en una conferencia de prensa que sólo se entiende porque estaba en el arranque de su sexenio: May Rodríguez, morenista, confirmó ante la prensa que sus datos indicaban que el jefe de La Barredora es un tal Hernán Bermúdez.
Ese hombre dirigió, ni más ni menos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco cuando el gobernador era Adán Augusto López, el actual coordinador de los senadores de Morena y mano derecha del expresidente López Obrador.
Es decir, Hernán Bermúdez era, al mismo tiempo, jefe directo del “Peje” criminal y el hombre fuerte de la seguridad de quien sería el Secretario de Gobernación del “Peje” político. Gracias a esta confesión, entre los dos “Pejes” se pueden establecer menos de seis grados de separación.
Escribo esto a horas de que en Tabasco asesinaron a un policía, otro quedó herido, asesinaron a un presunto criminal y fueron descubiertos dos cuerpos desmembrados en hieleras. Esto ya es un lunes normal en el estado que vio nacer al poeta Carlos Pellicer. La violencia consume al Edén y en gran parte es por La Barredora y su permiso para matar que se consiguió en las oficinas de gobierno.
Historias de crímenes, pejelagartos y de un “garcialunita” morenista en Tabasco.
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El famoso cantante Natanael Cano seguramente no sabe esto, pero el 27 de noviembre de 2023 su vida glamourosa quedó atada para siempre a la de un narcotraficante de poca monta que murió consumido por el fuego. Sus caminos jamás se juntaron —el primer por famoso y millonario y el segundo porn ser carne de cañón del crimen y empobrecido— pero aquel lunes por la noche los unió la misma desgracia: estar bajo la mirilla del mismo grupo criminal, Los Matasalas.
A finales de noviembre del año antepasado, Natanael Cano concluía con éxito la Gira Tumbada 2023, con la que llenó arenas y estadios por el país, y festejaba ser de los 10 músicos más escuchados en México en la plataforma Spotify. En esas celebraciones estaba cuando un dealer apodado “El Paletas” fue atrapado por un comando en el municipio Benjamín Hill, en el norte de Sonora, y fue atado de pies y manos al lugar más conocido del pueblo, el monumento ferrocarrilero, donde lo quemaron vivo con gasolina para el horror de decenas de vecinos.
Hasta que el cuerpo dejó de arder, la policía se acercó a esa pira humana y encontraron un mensaje en el que, parafraseando a los autores, eso le pasaría a “los traicioneros”. La firma era de Los Chapitos, quienes así hicieron llegar a las primeras planas de los diarios nacionales la existencia de otro brazo armado: Los Matasalas, el apócope de Los Mata-Salazar.
El clan de Los Salazar fue leal a la cúpula del Cártel de Sinaloa desde los años 90. Los hermanos Adán y José Crispín Salazar aprovecharon su influencia como contrabandistas independientes de marihuana y amapola en el desierto de Sonora para volverse indispensables para Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en aquellos años soñaba con dominar el narcotráfico en México. Los Salazar no sólo garantizaban la seguridad de los sinaloenses en aquel estado fronterizo, sino que le dieron el Cártel de Sinaloa el control de plazas importantísimas como Hermosillo, Caborca y Sonoyta.
Las dos familias fueron grandes aliadas. Más que amistad, compadrazgo, porque en el norte del país casarse no es sólo un acto de amor, sino una estrategia de negocios. Cada vez que “El Chapo” cayó, Los Salazar lo ayudaron a volver a las calles con hombres, dinero y logística. Pero cuando Joaquín Guzmán López no pudo volver a la libertad después de su tercer arresto e inminente extradición, Los Salazar tuvieron que entenderse con Los Chapitos, a quienes veían con malos ojos. Los pensaban juniors, inexpertos, engreídos. No merecían compartir la silla que alguna vez ocupó su padre, pero se guardaron el disgusto y trabajaron a regañadientes… hasta hace dos años.
Vino entonces la detención de Ovidio Guzmán, “El Ratón”. La definitiva, la del 5 de enero de 2023. El Culiacanazo II. México respondía así a las presiones de Estados Unidos por la ola de fentanilo que enviaban al norte los herederos del “Chapo”. Y en otro sorpresivo golpe, en septiembre de hace dos años, se realizó de manera exprés la extradición de Ovidio.
Con su salida del país, un rumor comenzó a rugir en Culiacán: el Tío Sam doblaría con tanta fuerza al joven chapito para que traicionara a familia que sólo era cuestión de tiempo para que Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín —sus tres hermanos— fueran detenidos.
Los Chapitos apresuraron una estrategia. Y menos de tres semanas después de la extradición de Ovidio, los hijos del “Chapo” colocaron mantas por todos sus bastiones para deslindarse de la producción y distribución de fentanilo. Incluso, anunciaron que asesinarían a cualquiera que moviera ese opioide sintético por sus territorios. Así buscaban quitarse la presión de Estados Unidos.
La decisión, cuentan en Sinaloa, fue unilateral. No fue consultada con las demás familias criminales, que de pronto estaban fuera de un negocio de unos mil millones de dólares anuales. Los Salazar se rebelaron y continuaron con el fentanilo hacia Estados Unidos, complicando los planes de Los Chapitos. Entonces, Los Menores hicieron una jugada agresiva: crearon un brazo armado sólo para acabar con Los Salazar mediante ejecuciones extraordinarias de pegadógica violencia. Los Matasalas. Y el hombre quemado en Benjamin Hill era parte de esa estrategia de horror.
Desde entonces, Los Matasalas han probado ser letales y arrogantes. Ayudados por veteranos criminales de Sonora, han crecido en poder de fuego hasta convertirse en un dolor de cabeza para policías y militares. Y su último gran movimiento anuncia daños a un inesperado sector: el del espectáculo. Aquí entra, de nuevo, en la historia, Natanael Cano.
El 5 de enero, en Hermosillo, Sonora, los Matasalas dejaron una manta colgada afuera de un plantel escolar. Esta vez, los protagonistas son los músicos Natanael Cano, Tito Torbellino, Javier Rosas y agurpaciones locales e influencers de Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.
Los firmantes les reclaman que apoyan económicamente a los Salazar, quienes han tomado partido en la guerra en Sinaloa a favor de las filas de la “Mayiza”. Con las ganancias de sus obras, sugieren, ayudan al “Mayito” Flaco. Si los músicos no dejan de hacerlo, aseguran los amenazantes, serán fusilados.
La guerra en Sinaloa comienza a desbordarse. Incluso, poniendo a sólo unos pocos grados de separación a uno de los cantantes más exitosos de esta generación con un hombre quemado vivo en un rincón desértico en México. El show debe continuar.
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El tiburón toro es una especie que, al mismo tiempo, fascina a los biólogos marinos y atrae a los piratas del crimen organizado. Es un animal, de verdad, formidable: tiene la mordida más fuerte entre todas las especies de tiburones, mucho mayor a la que necesita para matar fácilmente a sus presas, y por su increíble adaptabilidad al agua dulce es un depredador nato.
A pesar de esa aparente dureza, el tiburón toro tiene un corazón de oro: un estudio de la revista científica Frontiers destaca que es de los pocos escualos que genera lazos parecidos a los de una amistad y que, cuando un compañero le falta, parece sufrir efectos similares a la depresión.
Tal vez por eso es que esta historia me ha conmovido, pues en el Golfo de México, en las aguas que comparten Tamaulipas, Texas y Florida, opera una banda de “narcopiratas” que en los últimos meses se ha dedicado a la pesca furtiva del tiburón toro, deshaciendo sus cardúmenes y separando incluso a las madres de sus crías condenándolos a la muerte.
La existencia de esa red criminal en aguas profundas
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En la primavera de 2010, los almacenes de Tepito, en el Barrio Bravo de la Ciudad de México, se llenaban con el producto de moda: las tabletas electrónicas. Eran el furor del momento, impulsadas por el lanzamiento en enero del famoso iPad.
Pero las tabletas que se vendían cerca del Eje 1 Norte no eran las que inventó Steve Jobs. Éstas eran menos potentes y menos ágiles, pero más baratas. Y, evidentemente, no venían de Estados Unidos. Dos íconos en sus empaques revelaban su origen: instrucciones en mandarín, que demostraban una manufactura hecha en China, y el sticker de un caballo sobre dos patas, que exhibían que su importación a México era un negocio de Los Zetas, específicamente de Heriberto Lazcano, el temible Z-3.
La asociación entre las mafias chinas y Los Zetas quedó asentado en múltiples reportes de agentes de la extinta Procuraduría General de la República, que por aquellos años se infiltraban en Tepito, como parte del esfuerzo del gobierno federal por cambiar las leyes y que, por fin, se persiguiera de oficio la piratería y se castigara hasta con seis años de prisión a quien la vendiera. Una misión que, evidentemente, fracasó tan pronto como nació.
Ese mismo año, 2010, pero un semestre más tarde, los agentes federales cambiaron todo que creían saber acerca de la piratería en la Ciudad de México. Tras unos meses de infiltración, supieron del nacimiento de un nuevo socio de las mafias chinas en la capital del país: La Unión Tepito, apenas creada en mayo de 2010, tras una reunión entre el viejo aliado de los Beltrán Leyva, Édgar Valdéz Villarreal, “La Barbie” y Francisco Javier Hernández Gómez, alias “Pancho Cayagua”, quienes aglutinarían a todo el crimen del Barrio Bravo bajo un mismo membrete para enfrentar el avance de los cárteles nacionales.
Eventualmente, La Unión Tepito logró su cometido. Expulsó a Los Zetas de la Ciudad de México, quemó las etiquetas de los caballos relinchando y se quedó con los socios en Asia. Y comenzó su transformación hacia una organización criminal millonaria gracias al apoyo de un grupo conocido en el barrio como “Los Marcopolos”, es decir, empresarios tepiteños que cruzan el mundo tres o cuatro veces al año para traer desde China y hasta México contenedores repletos de mercancía apócrifa y sin pagar impuestos.
Esa fayuca se convirtió en el modo de asegurar la base social de La Unión Tepito. De pronto, miles de comerciantes tuvieron acceso a un amplísimo catálogo, nunca antes visto, de ropa, calzado, electrónicos, perfumes, maquillaje que venía desde Asia y que el cártel les ofrecía a un precio más bajo. A cambio, había que demostrar lealtad al crimen chilango y pagar puntualmente el derecho de piso que hoy es exigido con plomo.
Así, La Unión Tepito innovó al usar las mismas rutas marítimas de la cocaína para mover todos sus productos de piratería. En un mismo contenedor pueden introducir al país metanfetaminas en forma de cristal con juguetes para Navidad o un arsenal de AK-47 junto a mascarillas contra las arrugas y protectores solares pirata.
Y desde hace cuatro años, los agentes federales han reaprendido, de nuevo, cómo es el negocio sucio de la fayuca en Ciudad de México, pues ahora, además de La Unión Tepito, han visto un crecimiento importante de células que se identifican como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes son los nuevos socios de las mafias chingas-chilangas.
MVS Noticias supo, por una fuente de alto nivel, que el golpe dirigido a la Plaza Izazaga 89, en el corazón del Centro Histórico, forma parte de una serie de operativos para minar la capacidad financiera del cártel de las cuatro letras en la capital mexicana.
Gracias a operativos anteriores, el del 28 de noviembre, que terminó en la incautación de 262 mil productos, permitirá al gobierno federal solicitar la extinción de dominio del edificio de 16 pisos, es decir, arrebatar esa propiedad a sus dueños y que pase a los bienes del gobierno. De ese modo, el CJNG perdería un escaparate importante para sus negocios.
Al menos, nueve edificios donde albergaban los negocios del Cártel Jalisco Nueva Generación están en la mira de las autoridades. En seis de esos llegó a operar La Unión Tepito y, antes de ellos, Los Zetas. Y antes de ellos, la Familia Camarillo Salas, creadoras del fugaz Cártel de Tepito.
Administraciones pasan, y las mafias siguen. Veremos si un día, Izazaga 89 deja de ser recordada como Mexico Mart y se le ubica como la embajada de la piratería china donde el crimen organizado sucumbió, por fin, ante las leyes y protección de la propiedad intelectual.
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En el municipio Arcelia, Guerrero, corre la noticia de un secuestro masivo. Dicen que 24 personas fueron privadas de la libertad, es probable que esos “levantados” aparezcan, vivos o muertos, en el Estado de México. Esta es la historia de 24 inocentes que estaban en el lugar equivocado.
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Así como en las ciudades y zonas rurales, el crimen organizado se disputa el territorio con cadáveres y “narcomantas”, así también lo hacen en el ciberespacio. Y en ese terreno intangible se usan emojis e íconos que están en el teclado de computadoras y celulares.
Tres cuentas especializadas en crimen organizado en X, antes Twitter, trabajaron en conjunto para entender cómo los brazos armados en México usan los emojis en redes sociales, como Instagram o TikTok, para crear una representación de identidad, pertenencia y “valores” entre sus integrantes y futuros reclutas. Con el permiso de @All_Source_News, @LatamObscuro y @natsecboogie, reproduzco sus hallazgos.
Lo primero que hay que entender, me dice @All_Source_News en entrevista, es que cuando los miembros de un grupo criminal suben contenido a las redes sociales y acompañan fotos y videos con un texto, por ejemplo, presentándose como una escisión del Cártel de Sinaloa, ese contenido es removido de inmediato por la plataforma, que lo identifica con inteligencia artificial como propaganda del crimen organizado.
Esos contenidos suelen ser videos con incursiones armadas a un territorio enemigo, la ocupación de la plaza de un rival, el asesinato de integrantes de brazos armados contrarios, mensajes intimidatorios contra autoridades o civiles o sirven para presumir el armamento con el que cuentan para maximizar los daños. El proselitismo del terror.
Para evitar que les “bajen” esos videos, los usuarios usan emojis como códigos secretos. Ya no necesitan texto, sino un ícono discreto que dice todo sin decir nada: a qué grupo criminal representan y a qué brazo armado pertenecen sus futuras víctimas.
El caso más conocido es el de La Chapiza, la tropa de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sus integrantes ya no teclean el membrete criminal, sino que usan el emoji de una rebanada de pizza —La “Cha-pizza”— para esquivar a los bots de las redes sociales.
Otro grupo cercano a La Chapiza es el que usa como emoji la bandera de Francia en alusión a la capital, París, que suena muy parecido a “Perris”, el apodo de Jorge Humberto Figueroa Benítez, jefe de escoltas de Los Chapitos.
Los bandos ligados a Ismael “El Mayo” Zambada también tienen sus propios códigos visuales: una cara amarilla sonriente con un sombrero vaquero, o simplemente un sombrero de copa, alude a la gente a las órdenes del fundador del Cártel de Sinaloa, hoy detenido en Estados Unidos, a quien también se le conoce como “El Señor del Sombrero”.
Un emoji con un arco y una flecha esconde que el contenido violento pertenece al brazo armado “Los Flechas MZ”. Una bandera de Rusia se usa para aludir implícitamente al grupo de pistoleros de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. Un limón amarillo es usado por los afiliados al grupo de Alfonso Limón Sánchez, apodado “Poncho Limón”. Y un inocente venado disimula el contenido subido por los sicarios de Germán Villavicencio, aliado del “Mayo”, apodado “El Venadito”. Todos aliados del “Mayo” Zambada.
En esta investigación, los gallos identifican a los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo jefe máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, también es apodado “El Señor de los Gallos”. Y en una indagatoria aparte, hecha por el periodista Chris Dalby, el emoji que distingue a los de Jalisco es un demonio con cara morada.
Un ramo de tulipanes sirve para ligar los videos de matanzas y venganzas con el de gente que sigue al “Jardinero”, el apodo de Audias Flores Silvia, de quien se dice que podría ser el sucesor “Mencho” en caso de detención, abatimiento o muerte natural.
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En otoño de 2009, una joven empresaria de nombre Brenda Rangel, de entonces sólo 30 años, supo antes lo que miles de sus vecinos conocerían después, negados a aceptar su realidad: que el crimen organizado se había anidado en Querétaro, especialmente en la capital, donde el 9 de noviembre ocurrió la masacre de 10 personas en el Bar Cantaritos.
Pero eso, ya lo sabemos ahora: que Querétaro no es la ciudad santuaria que presume estar a salvo de la violencia de los cárteles; que las matanzas que vemos en otros estados también ocurren en sus calles y comercios supuestamente blindados. Eso lo sabemos hoy, viendo los videos virales de ese infame ataque armado. Pero hace 15 años, Brenda Rangel lo supo de primera mano y desde entonces he gritado que Querétaro es otra narcoentidad. Gritos que llegaron a los oídos de un país sordo.
Brenda Rangel es la primera mujer mexicana nominada para el Nobel Women’s Iniciative de los Derechos Humanos. Una galardonada de Amnistía Internacional por su activismo por la paz. Pero en 2009 era sólo Brenda Rangel, la hermana de Héctor Rangel, con quien compartía el negocio de venta de ropa. Su familia solía viajar a Estados Unidos, comprar ropa de marcas que aún no llegaban a Querétaro y la vendían entre sus conocidos con éxito, tanto que se volvieron uno de los clanes comerciantes más conocidos de la capital.
El 10 de noviembre de 2009, Brenda planeaba cobrar una deuda adquirida de un viejo cliente. 90 mil pesos. Algo usual en un negocio informal como el de ellos. Pero a punto de hacerlo, su hijo pequeño se sintió mal y su hermano Héctor tomó su lugar. La deuda se saldaría a cuantos kilómetros, pero el cliente hizo un extraño cambio de planes: pidió que la cita se moviera hasta Monclova, Coahuila, donde supuestamente tenía el dinero. Para compensar el viaje y la molestia, pagaría un extra. Así que el joven vendedor de ropa aceptó y se hizo acompañar de Milton e Irene, su amigo y trabajadora del hogar, para no viajar solo por carretera.
Ya en Monclova, Héctor avisó a su familia que más situaciones raras pasaban: no había rastro del cliente deudor y en la carretera había sido detenido, sin razón, por policías municipales. Contaba eso desde un teléfono público porque su batería se había agotado, cuando los uniformados reaparecieron para acosarlo. La llamada terminó con la promesa de Héctor de comunicarse de nuevo una vez que supiera qué querían esos policías, pero no volvió a llamar.
Al día siguiente, Brenda y su familia viajaron a Monclova para descifrar ese largo silencio. Buscaron en hospitales, Semefos, separos, hoteles y bares, esperando que la falta de comunicación fuera producto de una larga borrachera. En cambio, se toparon con que en aquellos años, un grupo criminal controlaba a los policías municipales y les obligaban a aplicar una macabra clave secreta llamada 92 Sierra. Una creación de Los Zetas.
Esa clave activaba a los policías municipales de Coahuila cuando veían un vehículo foráneo con dos o más hombres a bordo. Entonces, estaban obligados a pararlos y llevarlos con el jefe criminal del municipio, quien decidía si los detenidos eran inocentes o rivales disfrazados de visitantes. Si sospechaba de lo segundo, eran desaparecidos y asesinados. Y Héctor viajaba en un coche con placas de Querétaro y con otro amigo varón. La receta del desastre.
Quince días después del 10 de noviembre de 2009, Brenda acudió a cobrar la deuda de otro cliente, creyendo que necesitaría dinero para pagar un rescate que nunca llegó. Cuando llegó con ese conocido, rebasada de ansiedad, se desahogó y narró la tragedia familiar.
Ella sólo buscaba alivio, hablar con alguien, un consejo, pero se topó con que ese hombre conocía al otro primer deudor que llevó a Héctor hasta Monclova. Así es como la joven Brenda descubrió que, desde hace tres lustros, una célula de Los Zetas operaba entre Coahuila y Querétaro. Que su negocio eran los secuestros, las desapariciones forzadas y la extorsión. Y que su hermano era una de sus víctimas.
A diferencia de Los Zetas en Coahuila, Los Zetas en Querétaro tenían pinta de hombres y mujeres honorables. Apariencia inofensiva, un comportamiento falsamente decente. Aunque la gente de Querétaro intuía sus negocios sucios, los dejaron pasar porque sus buenos coches y sus buenas casas mejoraban la imagen de la ciudad. Así, Los Zetas queretanos se infiltraron en escuelas, iglesias, restaurantes y la vida cotidiana.
Querétaro se acostumbró a ellos rezando el mantra de la ceguera: “Acá viven con sus familias, por eso no hay violencia”. Y les abrieron los brazos. Hasta que desapareció Héctor y luego Antonio, Selene, Francisco y Mariana. Hasta que Los Zetas fueron desplazados y su lugar ocupado por el Cártel Jalisco, el Santa Rosa de Lima, los Templarios, los Beltrán Leyva, el de Sinaloa. Entonces, los desaparecidos llegaron a 3 mil 272, los asesinatos repuntaron y aparecieron las masacres con víctimas contadas en dos dígitos.
Hace 15 años, el silencio de un vendedor de ropa llamado Héctor Rangel y los gritos de dolor de su hermana Brenda nos llamaban a ver que Querétaro era un nido del crimen organizado. Y no lo quisimos ver.
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Cuando el sol del 4 de noviembre despuntó sobre la comunidad de Tres Palos, en el puerto de Acapulco, los vecinos notaron una columna de humo que se elevaba desde la calle Vicente González. El temor era que se tratara de un incendio originado en la Escuela Secundaria Técnica 93, pero lo que sabrían en las horas siguientes les mostraría un panorama inesperado, pero igual de aterrador.
En un estado como Guerrero, donde entre 7 y 10 grupos criminales se disputan el estado y otros 13 brazos armados se pelean lo que queda de Acapulco tras el paso devastador de los huracanes Otis y Jhon, hasta las escuelas son susceptibles de ser víctimas del fuego extorsionador del crimen organizado, que cobra cuotas por cada alumno.
Por la hora, los acapulqueños imaginaron que una jauría de sicarios habrían atacado a la hora de entrada de los estudiantes. O que un improbable cortocircuito hubiera encendido el plantel antes de la primera hora de clases. De inmediato, sonaron los teléfonos en el centro de atención telefónica del número de emergencia 911.
Los reportes oficiales cuentan que los primeros respondientes fueron los bomberos y personal de Protección Civil. Ellos dieron cuenta que la escuela estaba intacta; el hollín que se elevaba por las copas de los árboles salía de dos vehículos en el interior de un domicilio, cuyos habitantes eran bien conocidos por la comunidad de Tres Palos.
Cuando el incendio fue controlado, los bomberos entraron al domicilio y encontraron una escena de horror. Sin ser alcanzados por el fuego, sobre un piso de tierra, yacían apilados los cadáveres de tres mujeres —Elia, Adolfina y Adriana— y dos hombres —Rigoberto y Mauro. Dylan agonizaba con un tiro en la espalda y de camino al hospital falleció de un choque hipovolémico. El saldo final fue de seis asesinados, entre ellos un menor de edad. Y dos sobrevivientes: una niña de 11 años y un joven de 20.
Cuando la Guardia Nacional arribó a la escena del crimen encontró la firma de la maña: más de 25 casquillos con armas calibre 9 y .223 milímetros. Y una explicación: los pistoleros habían incendiado, en un principio, la recámara principal de la casa, pero el techo de plástico se derritió rápidamente y cayó sobre los dos vehículos. Querían también destruir la vivienda. Arrasar con todo.
Los nombres de las víctimas fueron rápidamente conocidos por las autoridades porque se trataba de una familia querida por muchos en Tres Palos, Acapulco: un clan modesto de empresarios restauranteros en la playa Princess conocidos por la venta de cocos.
Un comerciante, de esos pocos que resisten el embate del cambio climático y el crimen organizado en el puerto turístico guerrerense, contó a MVS Noticias que recientemente dos escisiones de los Beltrán Leyva se sacudieron el lodo, salieron de los escombros y reaparecieron en la playa Princess, una de las zonas que más rápido se ha recuperado de la devastación y que atiende a los pocos turistas que llegan a la costa gracias a las extraordinarias inversiones de los empresarios más ricos del puerto y que no han huido.
Ahí, a dueños de negocios de todos tamaños, micro, pequeños y medianos, les anunciaron que se reactivaría el cobro de piso. Que los cárteles y brazos armados también necesitan dinero para pelear sus propias guerras internas y externas. Y que la tregua por el paso de los huracanes había terminado. Empezaría la cobranza con tres opciones: pagar sin chistar, cerrar el negocio o morir entre balas y fuego.
¿La familia de la calle Vicente González en Tres Palos se negó a pagar? Las primeras investigaciones apuntan hacia esa hipótesis. Lo cierto es que su matanza anuncia la temporada de pago de derecho de piso hacia el fin de año. Un invierno duro para Acapulco, después de que las expectativas por el Día de Muertos quedaron cortas y la industria turística reportó pérdidas por 300 millones de pesos.
Un dato ofrecido a este reportero es estremecedor: el crimen organizado en Acapulco ya ha comenzado a exigir para ellos el pago del aguinaldo que corresponde a los trabajadores, quienes seguramente ya han hecho planes sobre qué hacer con ese bono decembrino, su esperanza de sobrevivir al fin de año y las deudas de la cuesta de enero.
Si los aguinaldos de los acapulqueños no van a los bolsillo del crimen organizado de Guerrero, la amenaza es clara: habrá más matanzas como la de Tres Palos.
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Todo empezó en una pista de baile: Cinco cabezas rodantes en una cantina en Uruapan-Michoacán, marcaron el inicio de la guerra contra el narco (2005).
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El lunes 14 de octubre, a dos días de la sentencia que dictará el juez Brian Cogan contra Genaro García Luna, la abogada Valerie Gotlib ingresó a la Corte del Distrito del Este de Nueva York una petición desesperada a nombre de su cliente.
Como a los reos a quienes se les concede una última comida antes de ser ejecutados, al arquitecto de la “guerra contra el narco” se le concedió una última petición antes de que se oficialice su muy posible cadena perpetua: aparecer este miércoles por la tarde en el juzgado usando traje y camisa en lugar del típico uniforme de preso.
La petición concedida es muy precisa en cuanto a la ropa que usará hoy Genaro García Luna en su probable última aparición pública: un par de pantalones azul navy, un saco azul del mismo tono, una camisa blanca, una playera interior blanca, zapatos negros, calcetines, un cinturón de piel y una corbata del color de su elección.
A simple vista se trata de un atuendo genérico. Acaso, una imagen formal para proyectar su versión de un hombre honorable acusado injustamente de colaborar con el crimen organizado, mientras cobraba como encargado de la seguridad nacional. Pero detrás de esa ropa, y especialmente el color de tela, hay una historia que desnuda a Genaro García Luna.
Vayamos atrás. A 1994. Un joven García Luna, graduado de Ingeniería Mecánica, una carrera ajena a temas policiacos, es el espía estrella del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Sus habilidades callejeras adquiridas en el barrio de la Romero Rubio, en la Ciudad de México, y su destreza inteligencia y contrainteligencia criminal lo hacen parte de la delegación que viaja a Chiapas para combatir al EZLN.
A pesar de trabajar en la selva, el novel espía muestra una obsesión por el arreglo personal. Especialmente, viste conjuntos baratos de la tienda Trajes Robert’s que tenía una sucursal en el Cisen, recuerda el periodista Francisco Cruz en su libro El Señor de la Muerte. Desde entonces, su color preferido es el azul navy.
No es casualidad. Entre sus pertenencias, el joven espía guarda la fotografía de otro hombre aficionado a los trajes azul navy. Otro que estudió una carrera ajena a la policía. Que usó sus conocimientos como espía para perseguir a disidente. El joven García Luna lo admira y quiere ser él, tanto que le copia el modo de vestir, ya que no puede imitar sus finos modales: su ejemplo a seguir es John Edgar Hoover, el polémico y oscuro primer director del FBI.
John Edgar Hoover fue director del FBI para ocho presidentes; García Luna quería lo mismo y Vicente Fox y Felipe Calderón eran su inicio. Hoover logró permanecer en lo alto del poder gracias a una colección de expedientes secretos sobre sus opositores; García Luna hizo lo mismo con los adversarios de sus jefes, incluido el expresidente López Obrador. Hoover persiguió a los comunistas; García Luna espió a los movimientos de izquierda que se oponían a la agenda conservadora de Acción Nacional.
Pero son dos las coincidencias más asombrosas: Hoover, director del FBI entre 1924 y 1972, aconsejó al presidente Dwight D. Eisenhower para que intensificara la guerra contra Vietnam; y García Luna le vendió al presidente Felipe Calderón la idea de declarar la guerra contra el narco. A Hoover le rodeó siempre el rumor de que apoyó a la mafia italoamericana, mientras que de García Luna se sospechaban, hoy confirmados, sus tratos con el crimen organizado.
A pesar de las coincidencias deseadas por García Luna para ser un clon del político estadounidense, los finales de ambos son distintos: Hoover dejó el poder hasta que murió a los 77 años. Sólo así dejó de ser director del FBI. Una especie de Sumo Pontífice de la Iglesia de la Inteligencia Criminal.
Se le despidió con honores en la Casa Blanca y hoy la sede del FBI lleva su nombre, aunque en 2001 un senador demócrata pidió que su nombre se eliminar de la construcción por ser una mancha para el edificio y la institución. La iniciativa no prosperó y la honra de Hoover sigue intacta, pese a las negras leyendas que lo ubican como un criminal de cuello blanco.
Un final muy distinto tendrá su fan mexicano. García Luna fue expulsado del poder muy joven, a los 51 años, cuando fue arrestado en Texas en 2019. Si el juez Brian Cogan así lo decide esta misma tarde, morirá en prisión como el rey breve de un imperio fugaz.
No se le despedirá con honores ni habrá edificio público con su nombre. Se hará silencio en la Corte del Distrito del Este de Nueva York y el espía que soñó con el poder total regresará a una celda despojado de su traje azul navy, su amuleto secreto con el que esperaba seguir los pasos de su ídolo y aferrarse a la inútil esperanza de, un día, volver a ser hombre libre.
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En el segundo piso de la casona 110 en la calle Monte Tauro, en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, el presidente electo Enrique Peña Nieto recibió a su futuro secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con un importante documento bajo el brazo.
Faltaban dos meses para la toma de protesta y el exgobernador de Hidalgo presentaba, por primera vez, el documento final de lo que sería la estrategia de seguridad para el sexenio 2012-2018.
El documento era un legajo de lugares comunes, diagnósticos fáciles y estadísticas frías que se habían elaborado con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Pero casi al final estaba lo realmente importante: un registro. Una lista negra.
Se trataba de 122 nombres con apellidos, edades, lugares de nacimiento, estaturas, así como la organización criminal a la que pertenecen y, en algunos casos, una fotografía… la más actual posible. En lo alto de la hoja estaba escrito, con negritas, “objetivos prioritarios”. La mayoría eran de Los Zetas, seguidos del Cártel de Sinaloa y luego el Cártel del Poniente.
La estrategia de seguridad del sexenio, resumió Osorio Chong, se basaba en detener o abatir a esos 122 delincuentes y generadores de violencia. Cayendo ellos, pensaban, caerían todos los demás y el país saldría de la pesadilla a la que se metió seis años atrás, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la mal llamada “guerra contra el narco”.
En esta lista negra estaba, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, libre por aquellos años. También los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel y Omar, fundadores de Los Zetas; “El Kike” Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios; e Ismael “El Mayo” Zambada, por mencionar algunos de los nombres más reconocidos.
Seis años más tarde, la aún PGR publicó su último informe del sexenio priista. De esos 122, 109 habían sido capturados o asesinados en enfrentamientos con fuerzas federales. Sólo 13 habían sobrevivido a la estrategia, es decir, el 10%. Un aparente éxito.
Pero a pesar de que la lista negra estaba tachada casi en su totalidad, el país estaba peor que nunca: el presidente saliente Enrique Peña Nieto recibió un México con 25 mil 967 homicidios en un año y lo entregaba al presidente entrante Andrés Manuel López Obrador con 36 mil 685 asesinatos anuales. Un incremento de 41% de ejecutados.
Retomo esa historia porque este martes 8 de octubre, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en la conferencia matutina en Palacio Nacional la estrategia de seguridad para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El secretario Harfuch, quien como comisionado de la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la estrategia del peñanietismo, ofreció una versión reeditada y ampliada de ese viejo plan. Durante su presentación, en el apartado de Atención a Delitos de Alto Impacto, ofreció que en su gestión se identificarán los liderazgos criminales de primer, segundo y tercer nivel en las empresas delictivas. Es decir, vuelve la cacería contra los objetivos prioritarios, pero ya no serán sólo 122, sino acaso cientos que van desde el gran capo hasta el jefe de plaza.
Para lograr frenarlos, el “superpolicía” ensayará con tres componentes nuevos. El primero es una Guardia Nacional ya convertida formalmente en una comandancia de proximidad bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional; el segundo, una recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que promete contar con la tecnología de última generación para ubicar a esos objetivos prioritarios.
Y tercero, el despliegue de unidades especiales para ejecutar cateos y cumplir órdenes de aprehensión en zonas de difícil acceso que están controladas por el crimen organizado. Eso detonará procesos penales en contra de los objetivos prioritarios y algunos podrían terminar en extradiciones exprés hacia Estados Unidos, de acuerdo con el plan.
En un símil de lo que sucede en cada presidencia estadounidense, el secretario Harfuch tiene los primeros 100 días del nuevo gobierno para probar que su enfoque es el correcto. Especialmente, se juega el reto de que el regreso de los objetivos prioritarios, esta vez, por fin, de buenos resultados.
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La nueva presidenta de México Claudia Sheinbuam arriba al poder en tiempos interesantes para México. Bajo su mandato “la guerra contra el narcotráfico” declarada en diciembre de 2006 se convertirá este fin de año en mayor de edad, al cumplir 18 años.
México ya no es país de algunos cárteles, sino de más de 200 brazos armados. Algunos de ellos son los más ricos del mundo con un poder de fuego similar al que tienen ejércitos de naciones pequeñas. Son millonarios, salvajes y con más base social que el propio gobierno mexicano. Empresas criminales transnacionales que convierte a sus líderes ya no es capos, sino en CEOS de la delincuencia a nivel global.
Ante esto, Nación Criminal adelanta los 7 temas, en materia de crimen organizado, que marcarán el sexenio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Los 7 indicadores que serán decisivos para que, dentro de seis años, midamos si la nueva administración federal triunfó en su estrategia. Las 7 plagas que habrá de aplacar la doctora Claudia Sheinbaum.
Primera plaga: la cúpula militar la llama “Los terribles 5”. No son personas, sino estados. Entidades que deben pacificarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno para mandar un mensaje de estabilidad. En orden de prioridad están Sinaloa, en medio de la guerra entre Chapitos y Mayiza; luego, Guanajuato y su disputa por el combustible robado.
Sigue Chiapas y el jugoso negocio del tráfico de migrantes indocumentados; va Zacatecas y su tendencia malsana al asesinato de policías y militares; finalmente, Guerrero y la difícil tarea de aplacar la violencia en un Acapulco devastado por la corrupción y huracanes.
El siguiente plaga es la extorsión. El freno que no deja despegar a México. Los cálculos más conservadores aseguran que al país este delito le cuesta anualmente unos 226 mil millones de pesos. Implacable con pequeños negocios, también pone de rodillas a las grandes empresas.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere quitarle el freno de mano al país, hay que quitar de conductores a los miles de cobradores de derecho de piso. Los limoneros de Michoacán serán el ensayo de una eventual estrategia nacional.
El reclutamiento forzado es la tercera plaga. No sólo el que se hace usando la fuerza, es decir, secuestrando y desapareciendo personas, sino el que hace haciéndole pensar a un menor de edad que se está integrando al crimen organizado por voluntad propia.
¿Por qué no se acaba el crimen organizado, si todos los días en redes sociales leemos y vemos que decenas son asesinados en enfrentamientos? Porque muere o detienen a uno, y la maquinaria del horror es rápida reemplazar con tres o cuatro. Si frenamos el reclutamiento forzado, los brazos armados están destinados a desaparecer en menos de seis años.
La cuarta plaga está en las prisiones. Por demasiado tiempo el gobierno mexicano se ha olvidado de las cárceles. Invertir en ellas es tremendamente impopular. Los votantes castigan que se otorgue un peso a un reclusorio en lugar de una escuela. Pero esa visión cortoplacista ha tenido sus consecuencias: desde las cárceles se siguen manejando los hilos del crimen organizado. El siguiente gobierno necesita una operación triple: eliminar el autogobierno, reclasificar internos y acelerar extradiciones de generadores de violencia.
Quinte plaga: nuevos mercados negros. Los analgésicos potentes elaborados con fentanilo, los vapeadores y productos elaborados con marihuana, por mencionar algunos, que bien podrían estar regulados por agencias sanitarias, pero que en lugar de eso se quieren prohibir por decreto, generando mercados dominados por el crimen organizado, que use esas ganancias millonarias que recibe por debajo de la mesa para financiar sus armas, balas y sobornos para seguir en guerra.
Sexta plaga: el Cártel Nueva Plaza. Son los rebeldes del “Mencho” y la escisión más grande y peligrosa del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos pistoleros con sed de venganza que en los últimos meses han ganado poder y territorio. Hoy no son muy mencionados y caminan sin prender el radar de policías estatales y ciudadanos, pero su inevitable crecimiento pondrán a prueba a los aparatos de inteligencia criminal en México.
Y séptima y última plaga. La más peligrosa de todas: que, en seis años, nos acostumbremos tanto a esta violencia, que no nos conmueva el dolor ajeno.
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El Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo es una agrupación dedicada a traficar drogas, migrantes y armas, los tres mercados ilícitos más lucrativos del mundo. Es también una máquina bien aceitada y diseñada para ganar elecciones con el objetivo de incrementar el poder de su dirigente Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
En entrevista exclusiva con el periodista Chris Dalby, Nación Criminal indagó en sus hallazgos durante la investigación que dio pie a su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México”. Su relato sobre cómo y por qué el Cártel Jalisco Nueva Generación gana elecciones es estremecedor.
¿Por qué? El periodista asegura que el Cártel Jalisco aborda cada nueva elección como una nueva forma de reestablecer su control, hasta en municipios donde este control no está amenazado. Es decir, incluso donde nadie les disputa la plaza, la gente que responde al mando del “Mencho” usa una violencia extrema que es innecesaria, pero que les sirve para mandar el mensaje de plata o plomo.
Y lo hacen con un objetivo en la mente de cada jefe de plaza: que cualquier alcalde que gane, le deje ver a los líderes del grupo criminal los detalles económicos de cada municipio, con el objetivo de que el cártel sepa exactamente cómo sacarle el mejor provecho, un nivel de detalle que no hace ninguna otra agrupación delictiva en México.
Insisto: el periodista Chris Dalby encontró y publicó en su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México” que esta agrupación criminal financia campañas políticas con el objetivo primario de desnudar a los municipios y ver todo lo que pueden obtener económicamente doblándolos, pero no quebrándolos. Llevando siempre a los habitantes de un municipio al extremo de la tolerancia de la extorsión.
El Cártel Jalisco coloca alcaldes en sus territorios para que éstos les abran todos los indicadores económicos. Y que el jefe de plaza local sepa exactamente qué negocios hacer. Por acá, el control del rastro municipal; más allá, el de los mercados y tianguis.
De este lado, se puede obligar a los empresarios locales a hacer empresas fantasmas; de este otro lado, explotar las riquezas naturales del pueblo. Cada vez que financian una campaña, y la candidatura triunfa, tienen un libro abierto sobre cómo ganar dinero con el territorio, incluso aunque sea muy pobre. La ventaja empresarial que nadie más tiene.
Este esquema, asegura Chris Dalby, es algo nunca antes visto en el mundo criminal. Un modelo criminal que cada vez más grupos han aprendido.
Bienvenidos a la era del Cártel Jalisco como instituto criminal.
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Son 14 párrafos escritos a mano. Más una post data. Cuatro cuartillas en total. Fechadas el 13 de septiembre y garabateadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El redactor es Genaro García Luna, quien entrega las hojas a su defensa, que las escanea con prisa y las reparte a periodistas que han cubierto en Estados Unidos el juicio del exsecretario de Seguridad Pública federal. Faltan 21 días para que el juez Brian Cogan dicte sentencia y el “arquitecto” de la “guerra contra el narco” tiene algo que decir.
Lo evidente está escrito con su puño: García Luna asegura que, a partir de su arresto en diciembre de 2019 en Texas, los agentes de la DEA ofrecieron que su tiempo de encierro sería breve, apenas 6 meses, si se convertía en testigo protegido y él se negó; que nadie ha podido probar que haya tenido ingresos ilegales en su patrimonio; que los fiscales lo han juzgado con información falsa provista por el gobierno mexicano; que no existe una sola evidencia en su contra para vincularlo al crimen organizado; que el presidente López Obrador es el que sí tiene nexos sucios el Cártel de Sinaloa.
Que en los 58 meses privado de la libertad ha presenciado homicidios y apuñalamientos y que pasado casi un año en una celda de castigo sin saber las razones; que, según él, su honor está intacto. “Yo no he cometido algún delito”, asegura.
Pero acaso lo más importante de la carta es lo que no está escrito. Lo que se lee entre líneas. Lo que García Luna no quiere que sepas, pero el inconsciente lo traiciona.
Lo primero es lo que los biógrafos del exservidor público de hoy 56 años han señalado con insistencia: García Luna es un hombre intelectualmente limitado, que llegó a la cúspide del poder no por su astucia, sino por su capacidad para moverse por el fango y entablar sucias relaciones a cambio de que sus jefes mantuvieran las manos limpias.
La carta está repleta de faltas de ortografía, tildes que faltan o colocadas donde no van, comas mal puestas y una redacción que haría llorar a una maestra de secundaria. El dato no es menor, si se atiende que García Luna tuvo por seis años el grado de Secretario de Estado y es incapaz de poner mayúsculas correctamente, acentuar la palabra narcotráfico o escribir moción con c, no con s. Sus limitaciones confirman la gris personalidad y el vertiginoso ascenso de detective segundón contra robo en carreteras a superpolicía.
Lo segundo es lo que los especialistas en derecho anglosajón han adelantado: García Luna sabe, desde ahora, que será declarado culpable este 9 de octubre y que su castigo será una muy probable cadena perpetua, incluso en una cárcel más dura que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Por eso, en la última hoja, la exmano derecha del expresidente Felipe Calderón asegura que cualquier sentencia emitida por un juez debe ser revisada por un tribunal colegiado a través del recurso jurídico de apelación. No explica porqué hace esa acotación, pero va implicito el reconocimiento de la derrota: cuando el mazo judicial caiga, su última oportunidad para volver a ser un hombre libre será la apelación, un recurso que estirarán sus abogados, pero que es improbable de ganar.
Lo tercero es la desesperación. La fragilidad de sus argumentos. García Luna sostiene que los testigos en su contra son narcotraficantes con “antecedentes criminales reconocidos” y, por ello, deberían ser descartados. No tienen probidad ni credibilidad, sugiere. Luego, se apoya en supuestas declaraciones de un criminal como Ismael “El Mayo” Zambada para acusar al actual gobierno de México de estar coludido con el crimen organizado. Es decir, cuando un capo habla mal de él, es inverosímil; pero cuando un capo habla mal de uno de sus adversarios políticos, hay que creerle.
Y cuarto, el amago. La amenaza. A unas 500 horas de que su vida de un giro definitivo, García Luna desliza la posibilidad de que, si lo arrinconan, hablará sobre políticos actuales, pero sin novedades que hagan temblar al país. No lo escribe pero se entiende: se le han acabado las cartas para jugar y el juez Brian Cogan tiene los ases en la mano.
Limitado, derrotado, desesperado y amenazante. Es lo que García Luna deja ver en su carta, pero espera que nadie se de cuenta.
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Era una inspección de rutina. La de un día cualquiera para la Guardia Nacional y sus binomios caninos en Culiacán, Sinaloa. Nada excepcional en un lugar aparentemente lejano de las bravas sindicaturas como Jesús María, donde es latente el riesgo de toparse con los negocios del crimen organizado.
Sucedió horas después del otro jueves negro en la ciudad, cuando circuló el falso rumor de que el “chapito” Iván Archivaldo había sido detenido. La orden del día de la Guardia Nacional incluía un trabajo rutinario que diera la sensación de normalidad a los uniformados: inspeccionar una empresa de mensajería de movimiento pausado. Pero la jornada, que se antojaba aburrida, terminó por descubrir una ruta narcótica que toca dos continentes.
Los reportes de la Guardia Nacional establecen que, previa autorización de los dueños de aquella empresa, los perros especializados en olfatear narcóticos entraron al local de nombre reservado. Ahí olisquearon los paquetes acumulados que serían enviados al extranjero. Y una caja de cartón llamó la atención de un binomio canino, un belga malinois de nariz veterana, que marcó la presencia de droga.
Para asegurarse, los uniformados pidieron la presencia de otro agente perruno, el que determinaría si estaba frente a un falso positivo o un real cargamento de droga. El movimiento de la cola confirmó que dentro de la caja de cartón había algo ilegal.
Al abrirla, los guardias encontraron una bola de boliche color negro. Sus bordes lucían irregulares. Como si la hubieran partido en dos y luego unido con poca destreza. Por esa línea mal soldada, la esfera se abrió después de unos mazazos y reveló el contenido: metanfetamina. Un segundo descubrimiento fue más importante que el primero: el destino de la falsa bola de boliche era Nueva Delhi, la capital de la India, a más de 14 mil kilómetros de Culiacán, el bastión de Los Chapitos.
El punto de llegada confirmó en México lo que el Buró de Control de Narcóticos en la India conoce bien: los cárteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y luego el Jalisco Nueva Generación, operan a sus anchas en la tierra de Mahatma Ghandi.
En 2021, en un informe de riesgos nacionales elaborado por la agencia antidrogas DEA, quedó asentada que esa ruta preocupaba a Estados Unidos. En el texto se puede leer: “que el involucramiento de los grupos criminales mexicanos en la producción de metanfetamina es a través de laboratorios de escala industrial, principalmente, en China y la India”.
Esa angustia tiene sus inicios en la pandemia, cuando el coronavirus aisló a China y congeló los envíos de precursores químicos para hacer drogas sintéticas en México. Los cárteles necesitaban nuevos proveedores, y pensando que el confinamiento duraría sólo unas semanas y únicamente en territorio chino, las mafias de la India se postularon para suministrar esos pedidos.
Los nuevos socios de los mexicanos en el sur del Asia tenían varias ventajas: una industria farmacéutica de gran desarrollo, pero poca vigilancia gubernamental. Instituciones débiles, policías corruptas y puertos conectados con todo el mundo cuyo intenso ritmo diario impide que todos los cargamentos sean revisados con detenimiento.
Además, las pandillas locales en Nueva Delhi, como los Gogi o Tillu, ofrecieron precios bajos a los narcotraficantes mexicanos con precursores químicos tan puros como los de China. Y aunque el mundo regresó a la nueva normalidad, y las mafias chinas volvieron a abastecer a los cárteles, la ruta México-India no volvería a estrecharse.
Los ejemplos sobran. Por ejemplo, el caso del doctor Mohammad Sadiq, quien de día era un honorable químico egresado de la Universidad Devi Ahilya trabajando para una farmacéutica, pero de noche robaba ingredientes crudos de su trabajo para enviarlos al Cártel de Sinaloa. O, por ejemplo, el caso de la explosión en abril de este año de una casa en el norte de Nueva Delhi que dejó dos personas muertas y que, luego sabrían autoridades indias, era en realidad una cocina de metanfetaminas dirigida por mexicanos.
Es un derrotero fácil de explicar. El capitalismo voraz. Los mexicanos quieren precursores químicos y los de la India se los dan; a cambio, los de la India reciben metanfetamina cocinada con la receta envidiable de los mexicanos, los mejores en el mundo para hacer ese narcótico adictivo y doloroso.
Ellos ganan, nosotros perdemos, porque con ese millonario negocio se financia la larga guerra que no termina.
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En el barrio de Mallorca, en Antioquia, Colombia, la abogada Miryam Rocío Vélez Pérez había encontrado su lugar seguro en el mundo. No era fácil hallar un espacio de paz en esos tiempos. En la década de los 90, ser jueza y vivir en Medellín, una ciudad asediada por el narcotráfico representado por Pablo Escobar, era una profesión de muerte.
Entre otras medidas, su nombre real no sería revelado en ningún documento oficial. Tampoco su fotografía. Incluso en los interrogatorios contra acusados, su rostro estaría oculto. Ni siquiera se conocería su rúbrica, sino que signarían los documentos legales con una firma electrónica. Una especie de fantasmas en el Poder Judicial.
Por eso, la jueza Miryam Rocío se sentía a salvo. Acaso, lo que revelaba la importancia de su trabajo eran sus escoltas, pero sus vecinos en el barrio de Mallorca no pensaban gran cosa de esa señora de aspecto afable, sólo que seguro era una abogada exitosa.
Pero el lugar seguro explotó el 18 de septiembre de 1992. Cuatro sicarios burlaron la seguridad de la “jueza sin rostro” y ubicaron su nombre, cara, domicilio y vehículo. Alguien dentro del gobierno les vendió esa información secreta. Y esperaron a que saliera de su casa, a las 7:55 de la mañana, para atacarla con armas semiautomáticas. Mataron a los escoltas y a ella la remataron dentro del vehículo frente a su hijo que gritaba “¡No maten a mi mamá!”.
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En su colaboración para MVS Noticias con Luis Cárdenas, el periodista Óscar Balmen habla acerca de que han pasado cuatro días desde que el abogado del “Mayo” Zambada reveló una carta supuestamente escrita por su representado desde Estados Unidos y los efectos de esas líneas siguen golpeando fuerte a la clase política sinaloense y nacional.
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