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En el último año, la violencia de género estuvo en la agenda por la aparición de iniciativas que denunciaron los femicidios, el abuso, la explotación y el acoso que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en diferentes ámbitos de la vida nacional.
Las redes sociales fueron el ámbito elegido en muchas ocasiones, lo cual generó una polémica por el uso de mecanismos como el "escrache" para denunciar estos hechos, cuando los mecanismos institucionales no responden a la necesidad de visibilizar la violencia machista.
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El Poder Ejecutivo le entregó al parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional, y en lo relativo al Ministerio de Desarrollo Social, se concreta la unión del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y la Secretaría de Cuidados.
Mientras tanto, el gobierno desde que asumió el 1° de marzo no convocó aún a la Junta Nacional de Cuidados, integrada por los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública y de Economía y Finanzas. También la integran la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Codicen, el BPS, el INAU y el Congreso de Intendentes. Tampoco fue citado el Comité Consultivo, que está integrado por varias organizaciones de la sociedad civil, la academia, el PIT-CNT y los prestadores privados de servicios de cuidados.
La Red Pro Cuidados, que integra organizaciones de la sociedad civil y tiene representación en la Secretaría, inició el 24 de agosto una ronda de contactos para denunciar los retrocesos del Sistema. La Política de Cuidados fue, en gran medida, la respuesta a la crisis de cuidados que feministas de la academia y de la sociedad civil organizada venían señalando hacía casi dos décadas, vinculada al envejecimiento de la población y a la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, afirmó la red Pro Cuidados en su Declaración ante la fusión de la Secretaría de Cuidados y el Programa de Discapacidad.
Desde la academia Argentina, se ve con preocupación el posible desmantelamiento de un sistema que era referencia para América Latina por reconocer a los cuidados como un derecho humano, y porque estaba concebida como una política pública global, para todas las personas, y no como una agenda de derechos exclusiva de las mujeres.
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Dos semanas después de su promulgación, la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por la coalición de gobierno comenzó a provocar las primeras consecuencias de su aplicación.
Mientras el PIT-CNT resolvió tomarse su tiempo para analizar cuál será la estrategia del movimiento sindical en su conjunto, varios gremios ya anunciaron su decisión de juntar firmas para derogarla. Entre ellos se encuentran los trabajadores de Antel, los de Ancap y los profesores de Secundaria de Montevideo.
Para el Frente Amplio, el caso de torturas con una picana en una seccional policial tiene que ver con el ambiente represivo generado por la norma impulsada por el gobierno, mientras que la representante del FA en el directorio del Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente (Inisa), Andrea Venosa, advirtió que su aplicación duplicará el número de adolescentes privados de libertad.
A su vez, desde la academia y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el texto aprobado se ve con preocupación, según coincidieron los docentes de la Universidad de la República Gabriel Valentín y Pablo Martinis, y el relator Edison Lanza. -
Con más de 70 casos positivos de Covid-19 y un fallecimiento, el departamento de Treinta y Tres enfrenta el brote más importante desde que la pandemia llegó al Uruguay en el mes de marzo.
El 19 de junio se confirmó la aparición de un caso, y a partir de allí el aumento de los contagios -especialmente entre el personal de la salud- llevó al gobierno a tomar medidas para controlar su propagación, como la realización de un estudio epidemiológico a fin de dar con el caso cero y con las características de este nuevo brote.
La situación sanitaria generó un cruce de declaraciones entre el gremio médico y el Intendente de Treinta y Tres, Elias Fuentes, quien responsabilizó al personal de la salud por el origen de los contagios.
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La poca cantidad de casos de coronavirus estimuló el reinicio de actividades en varios sectores como la construcción o los centros comerciales, la educación retoma paulatinamente las clases, los establecimientos gastronómicos reabren con protocolos sanitarios y se llegó a un acuerdo para permitir las ceremonias religiosas con la presencia de fieles. Sin embargo, la actividad cultural aún no regresa.
Esta semana se conoció la intención del gobierno de habilitar el reinicio de los espectáculos públicos, e incluso se difundió la noticia de la aprobación de un decreto presidencial en esa línea, pero la norma no fue publicada oficialmente y varios intendentes departamentales aclararon que todavía sigue vigente la disposición aprobada el 13 de marzo que impuso la emergencia sanitaria.
Mientras tanto, músicos, escritores, comediantes, actores y miles de trabajadores de la cultura y el espectáculo siguen sin poder retomar sus actividades, y continúan esperando una vía libre para recuperar el empleo, el sustento y la normalidad.
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Un hombre de 53 años que vivía en situación de calle en el Paso Molino murió por hipotermia en la madrugada de este sábado 13 de junio. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, dijo que fue un golpe duro y explicó que están armando propuestas para que vivan de otra manera.
Por su parte, el ministro del Interior Jorge Larrañaga, informó en conferencia de prensa que se procederá a sacar a la gente de los espacios públicos, y que en caso de no acatar se dará paso a la participación de la fiscalía. Desde la academia, explicaron que justamente una de las principales causas de la situación de calle es el egreso del sistema carcelario.
A todo esto, la ex directora de Programas para Personas en Situación de Calle, Micaela Melgar, dijo que no hay un “Plan Invierno” propuesto por el gobierno para afrontar este tipo de situaciones y que el ministro Bartol generaliza y que hace referencia a determinadas experiencias para solucionar los casos eventuales.
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Una de las consecuencias iniciales de la pandemia de coronavirus fue la paralización de la economía, que entre otras consecuencias derivó en el envío masivo de trabajadores al seguro de paro y el cierre temporal de la mayoría de los comercios.
A casi tres meses de la aparición de los primeros casos de coronavirus, ya quedó claro que los trabajadores serán quienes sufran las consecuencias más graves de la pandemia, con una profunda caída del salario real durante el 2020. A esto también se suman algunas medidas del nuevo gobierno que impactan sobre la negociación salarial y el derecho de huelga, a través de un artículo del cuestionado proyecto de Ley de Urgente Consideración.
A esto se suma la aparición de un proyecto en la Cámara de Representantes para obligar a los sindicatos a tramitar su personería jurídica, con la excusa de ayudarlos a tener una mayor credibilidad.
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La violencia de género tuvo un aumento dramático en los últimos días en el contexto de aislamiento social que la pandemia de Covid-19 le impuso a las víctimas.
Mientras distintas autoridades reconocen la magnitud del problema social que esto significa para mujeres, adolescentes, niñas y niños, los servicios oficiales experimentan un descenso en el número de denuncias y un aumento de las consultas del 80 por ciento.
A esta situación se suma la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, una actividad delictiva que también encontró en la pandemia un ambiente propicio para desarrollarse en el mundo digital.
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La aparición de un brote de coronavirus en Rivera, con 31 casos activos, entre ellos dos fallecimientos, encendió las alarmas del gobierno y puso en marcha un plan especial para “encapsular” la enfermedad en esa zona fronteriza.
La vida de frontera presenta dificultades al momento de realizar controles de tránsito hacia ambos lados de la línea internacional, especialmente debido a las estrategias de los turistas brasileños que llegan a Rivera en visitas de compras, a pesar de la prohibición.
Dos días después del anuncio del cronograma de inicio de clases, el Poder Ejecutivo debió poner el foco en otro tema que no estaba previsto, por lo que el presidente Luis Lacalle Pou viajó a la zona para encabezar la estrategia de contención del virus.
Al regreso a Montevideo, Lacalle Pou fue a visitar al expresidente Tabaré Vázquez, quien hace algunos días le envió una propuesta para combatir la pandemia y planificar la vida posterior al Covid-19.
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Por primera vez en 25 años la Marcha del Silencio, en reclamo de Verdad, Memoria y Justicia para los desaparecidos no transitará por la avenida 18 de Julio de Montevideo debido a las medidas de distanciamiento social por el coronavirus. Sin embargo, las actividades se multiplicarán por todo el país movilizando a decenas de miles de personas, mediante iniciativas en espacios públicos, casas particulares y redes sociales.
Como cada 20 de mayo desde 1996, cuando se realizó la primera movilización, este año también se conmemora el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como el secuestro de Manuel Liberoff.
En este tercer capítulo de Nueva normalidad volvé a escuchar las voces de Michelini. de Gutiérrez Ruiz y la de Luis Cuesta. Enterate cuál es el estado del juicio del Plan Cóndor en Italia, que condenó a cadena perpetua a 13 represores uruguayos, y cuál es el balance de las causas que duermen en los cajones de la menesterosa Justicia oriental.
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La pregunta de un pastor evangélico que conduce un programa periodístico en Radio Felicidad de Paysandú sirvió para reinstalar el aborto como un tema de la agenda gubernamental. El presidente Lacalle Pou respondió que tiene una agenda "provida", pero negó que vaya a derogar la ley que fue confirmada en las urnas en 2013. Mientras tanto, el proyecto de ley de urgente consideración sigue su tratamiento en el Senado, con severos cuestionamientos por parte de expertos, organizaciones sociales y miembros de la academia.
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El contagio de varios adultos mayores con coronavirus en los últimos días de abril puso sobre la mesa la crítica situación de muchos hogares de ancianos. Al mismo tiempo, el gobierno aprovechó las conferencias de prensa sobre la pandemia de Covid-19 para defender su proyecto de Ley de Urgente Consideración, que ya ingresó al parlamento.
